Litigios Privados Y Derecho Penal
LEXIA asesora a particulares, empresarios y profesionales en litigios civiles y penales complejos, con un enfoque que valora tanto la estrategia preventiva como la representación legal cualificada ante los tribunales.
Actuamos en todas las fases del procedimiento, desde el asesoramiento inicial hasta la defensa en juicio, promoviendo soluciones rápidas y sostenibles también a través de vías extrajudiciales. Nuestro objetivo es reducir los tiempos y costes del proceso, protegiendo los intereses del cliente con rapidez, precisión y estrategia.
Prestamos asistencia en todas las áreas del derecho penal, con especial atención a los procedimientos por delitos contra la persona, el patrimonio, la administración pública, el orden público, así como por delitos fiscales, societarios y concursales.
Nuestro trabajo cubre todas las fases del proceso penal:
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investigaciones preliminares,
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audiencia preliminar,
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fase de juicio,
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apelaciones y recursos,
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fase de ejecución.
Asimismo, asistimos en procedimientos alternativos como la mediación penal, programas de probation y vías de justicia restaurativa.
Garantizamos absoluta confidencialidad, actualizaciones constantes y defensas personalizadas, también mediante dictámenes, redacción de denuncias y escritos de defensa.
Cuando los litigios presentan perfiles mixtos, como en los casos de delitos con perjuicio económico, aseguramos una acción coordinada entre los aspectos penales y civiles. Esta gestión integrada permite una visión estratégica completa, desde la recolección de pruebas hasta la elección de las vías más eficaces, incluidas alternativas como el arbitraje o la mediación.
LEXIA adopta un enfoque multidisciplinar, combinando competencia jurídica con sensibilidad hacia el contexto personal y reputacional.
La confidencialidad y la protección de la imagen del cliente son el eje central de nuestro método. Actuamos con discreción, precisión y rapidez, manteniendo un equilibrio entre el rigor legal y la atención humana. Cada intervención se adapta a las necesidades específicas de la persona asistida, con el objetivo de gestionar proactivamente los riesgos y obtener el mejor resultado posible, incluso fuera del proceso judicial.
