Tax Restructuring

El equipo de Tax Restructuring lleva a cabo las siguientes actividades:

• Análisis preliminar de la situación económica, patrimonial y financiera de la empresa para verificar la posibilidad de acceder a un procedimiento de resolución de crisis y, en su caso, seleccionar el más adecuado (acuerdo de reestructuración de deudas, convenio preventivo, procedimiento de negociación asistida, plan de saneamiento certificado, plan de reestructuración sujeto a homologación);

• Asesoramiento jurídico y definición de directrices estratégicas para asegurar el éxito del procedimiento de reestructuración;

• Coordinación del equipo de profesionales responsables de la asesoría financiera y de la elaboración del plan de saneamiento certificado;

• Asistencia jurídica en la interlocución con los entes acreedores públicos (Agencia Tributaria, Agencia de Recaudación Tributaria, INPS y otros entes de seguridad social) y privados (instituciones financieras y grandes proveedores);

• Representación legal en los procedimientos judiciales unificados de resolución de crisis e insolvencia ante el tribunal competente.

Los clientes del departamento son operadores económicos de tamaño medio y grande, que cumplen conjuntamente los siguientes requisitos:

• Un activo patrimonial total anual superior a 300.000 euros en los tres ejercicios anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de apertura de liquidación judicial (o desde el inicio de la actividad si es más reciente);

• Ingresos anuales, obtenidos de cualquier forma, superiores a 200.000 euros en los tres ejercicios anteriores a la misma fecha;

• Un volumen total de deudas, incluso no vencidas, superior a 500.000 euros.

En la asistencia a un operador líder en el sector de la vigilancia privada, LEXIA obtuvo la homologación forzosa de una propuesta de transacción fiscal, el llamado cram down fiscal. Se trató de una de las primeras aplicaciones del mecanismo sobre deudas tanto tributarias como contributivas, que permite al tribunal aprobar el acuerdo incluso sin el consentimiento de la Agencia Tributaria o del INPS.

Acogiendo los argumentos presentados por el abogado Alessandro Dagnino, el tribunal estableció además que la Agencia Tributaria y el INPS forman parte de una única “empresa Estado” con un interés común e indivisible, no fragmentable entre los diferentes entes que la componen. De este modo, los jueces superaron una interpretación restrictiva del INPS, que, amparándose en el privilegio legal que le otorga prioridad sobre otros acreedores, tiende a obstaculizar las transacciones fiscales, incluso cuando ello puede implicar una menor recuperación para la Agencia Tributaria.

El equipo está compuesto por profesionales con base en las oficinas de Palermo y Milán, y opera en todo el territorio nacional.

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